SOPA (Stop Online Piracy Act)

La Stop Online Piracy Act (Acta de cese a la piratería en línea) también conocida como Ley SOPA o Ley H.R. 3261; es un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 26 de octubre de 2011 por el representante Lamar S. Smith, y un grupo de copatrocinadores bipartidario formado inicialmente por 12 miembros. El proyecto de ley extiende las competencias del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y amplía las capacidades de los propietarios de derechos intelectuales para combatir el tráfico online de contenidos y productos protegidos, ya sea por derechos de autor o de propiedad intelectual. Entre estos se pueden contar, por ejemplo, música o canciones, películas, libros, obras artísticas y productos copiados o falsificados que no tributan las correspondientes tasas a los propietarios de sus derechos de autoría o invención. Actualmente, y antes de ser presentada ante el Comité Judicial de la Cámara, presenta una estructura similar al Acta de protección de propiedad intelectual del año 2008, conocida por sus acrónimos en inglés PIPA y PROTECT IP, y su correspondiente proyecto de ley ante el Senado.

El proyecto de ley originalmente propuesto permite que tanto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como los propietarios de derechos intelectuales, puedan obtener órdenes judiciales contra aquellos sitios de Internet que permitan o faciliten la violación de los derechos de autor. Dependiendo de quién sea el que solicite la orden judicial, las acciones previstas contra el sitio web podrían incluir:

Restricción al acceso a empresas que brindan un servicio de facilitación de pago tales como PayPal o que ofrecen dinero a cambio de colocar publicidad online.

Restricción en los buscadores que vinculan con tales sitios.

Requerimiento a los proveedores de internet, para que bloqueen el acceso a tales sitios.

El proyecto de ley convierte en un crimen al streaming no autorizado de contenidos protegidos por copyright (derecho de copia), y prevé una pena máxima de cinco años de prisión por cada diez piezas musicales o películas descargadas dentro de los seis meses desde su estreno. El proyecto además brinda inmunidad a todos aquellos proveedores de Internet que voluntariamente lleven a cabo acciones contra tales sitios haciendo además responsable al sitio web infractor de cualquier daño producido al titular de los derechos, incluso sin tener que demostrarlo.

Quienes proponen la ley afirman que protege el mercado de la propiedad intelectual y su correspondiente industria, trabajos e ingresos, y que es necesaria para reforzar la aplicación de las leyes de derechos de autor, en particular contra los sitios web extranjeros. Citan ejemplos como el del acuerdo judicial de 500 millones de dólares al que llegó Google con el Departamento de Justicia por su papel en una campaña publicitaria dirigida a los ciudadanos estadounidenses que alentaba a los consumidores a comprar drogas de prescripción ilegal en farmacias online de Canadá. Los opositores argumentan que la ley infringe los derechos de la Primera Enmienda, que es censura en Internet, que lisiará a Internet, y será una amenaza para la denuncia de irregularidades y otras muestras de libertad de expresión.

El Comité Judicial de la Cámara mantuvo audiencias sobre la ley SOPA el 16 de noviembre y el 25 de diciembre de 2011. El comité tiene programado continuar con el debate cuando el Congreso retorne de su receso invernal.

Argumentos a favor

Protección de los ingresos de los creadores de contenidos

El Representante Bob Goodlatte sentenció «La Propiedad Intelectual es uno de los principales elementos de creación de empleo, y una de nuestras principales ventajas competitivas en el mercado global, sin embargo los inventores, autores y empresarios americanos han sido obligados a observar impotentes como su trabajo es robado por infractores extranjeros, que están fuera del alcance de las leyes actuales de los EE.UU. Esta legislación actualizará las leyes para garantizar que los incentivos económicos que nuestros Padres Fundadores consagraron en la Constitución hace más de 220 años -para alentar nuevas obras literarias, investigaciones, productos y servicios- sigan siendo efectivas en el mercado global del siglo XXI, lo que contribuirá a la creación de más empleos en América.»

Los propietarios de estos derechos ven a los intermediarios -las empresas que hospedan, enlazan, y se dedican al comercio electrónico basado en estos contenidos- como los únicos asequibles para ser acusados.

El Representante John Conyers, patrocinador del proyecto dijo: «Millones de puestos de trabajo americanos penden en la balanza, y nuestros esfuerzos por proteger la propiedad intelectual de América son críticos para el éxito de nuestra economía a largo plazo.» El representante tejano Lamar Smith añadió: «El Acta SOPA, ayudará a detener el flujo de beneficios hacia estos pícaros sitios web, y asegurará que las ganancias provenientes de las innovaciones americanas vayan a los innovadores americanos.»

Los representantes de la MPAA que testificaron ante el comité dijeron que la industria del cine y películas sostiene a dos millones de puestos de trabajo y a 95 000 pequeñas empresas.

Protección contra medicamentos falsificados

John Clark, portavoz de Pfizer, testificó ante la audiencia del comité que los pacientes no siempre son capaces de distiguir a aquellos sitios hábilmente fojados utilizados para vender medicamentos con nombres similares o simplemente falsificados.

RxRighths, un grupo de defensa al consumidor, emitió un comunicado diciendo que Clark cometió un error «Al no reconocer que hay farmacias internacionales en Canadá y en otros lugares que dan a conocer dónde se encuentran, requieren de una receta médica válida y venden medicamentos perfectamente seguros, de marca reconocida, producidos por los mismos fabricantes líderes de medicamentos que venden en Estados Unidos». Anteriormente había dicho que SOPA «falla al distinguir entre farmacias genuinas y falsificadas» y que «lo único que hace es impedir que los pacientes de Estados Unidos puedan ordenar sus medicamentos a farmacias online de Canadá».

El representante patrocinador de la ley, Lamar Smith, acusó a Google de obstruir el proyecto, citando el acuerdo por 500 millones de dólares al que llegó la empresa de Internet con el Departamento de Justicia en relación a los cargos que se le imputaban por facilitar anuncios de farmacias canadienses, que conducían a «importaciones ilegales de medicamentos que deberían venderse bajo prescripción».

El envío de medicamentos con receta desde farmacias extranjeras a clientes en los Estados Unidos, por lo general viola la Ley Federal de Alimentos Drogas y Cosméticos y la Ley de Sustancias Controladas.

Argumentos en contra

Amenaza a la libertad de expresión en Internet

De acuerdo a la Electronic Frontier Foundation (Fundación frontera electrónica), la utilización de servidores proxy que permitan saltar las restricciones impuestas por servidores locales dedicados a censurar contenidos, tales como los que se utilizaron en la primavera árabe, también pueden ser utilizados para acceder a contenidos con derechos de autor, y por lo tanto, pueden ser declarados ilegales por la ley.

En el blog Techland blog de la revista Time Jerry Brito escribió «Imagínense que sucedería si el Reino Unido creara una lista negra de diarios estadounidenses a los cuales la justicia encontrara 'violando la privacidad de algunas celebridades', o que sucedería si Francia bloqueara a sitios estadounidenses que creyera que contienen discursos de odio.» De manera similar, el Centro para la Democracia y la Tecnología advirtió: «Si SOPA y la Ley de PROTECT IP se promulgasen, el gobierno de Estados Unidos debe estar preparado para que otros gobiernos del mundo sigan su ejemplo, dictando leyes al servicio de las políticas sociales que ellos crean importantes, ya sea restringiendo discursos basados en el odio, los insultos a funcionarios públicos, o la disidencia política.»

Paul Almeida, miembro de la AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, en español Federación americana de trabajo y consejo de organizaciones industriales), argumentó en favor de la ley SOPA, declararando que la libertad de expresión no era una consideración relevante, ya que «la Primera Enmienda no brinda protección contra el robo de mercancías de los camiones».

Impacto negativo en sitios web que alojan contenidos de usuario

La periodista Rebecca MacKinnon argumentó en una editorial de opinión que el hacer responsable a las empresas prestadoras de un servicio de los actos de los usuarios podría tener un efecto disuasivo negativoNota 1 en sitios construidos por los usuarios tales como YouTube. «La intención puede no ser la misma que la del Gran Cortafuegos Chino -un sistema nacional ampliamente distribuido de censura web- pero el efecto práctico podría ser muy similar.» Aclaró.

La EFF habría advertido que todo parece indicar que Etsy, Flickr y Vimeo deberían cerrar si el proyecto se convierte en ley. Según los críticos de la ley, el proyecto de ley prohibiría obtener enlaces a los sitios considerados como delictivos, ni siquiera por medio de motores de búsqueda, o por medio de servicios tales como Twitter.

Christian Dawson, Director de Operaciones de la empresa de hospedamiento web ServInt localizada en el estado de Virginia, predice que esta legislación conducirá a que muchas empresas de computación en nube y servicios de hospedaje web se trasladen a territorios fuera de los Estados Unidos, para evitar las demandas.

Por el contrario, Michael O'Leary de la MPAA declaró ante la audiencia del Comité Judicial del 16 de noviembre, que los efectos comerciales de la ley serían mínimos, ya que al menos 16 países han bloqueado a sitios web, e Internet sigue funcionando en esos países. Dinamarca, Finlandia, Irlanda e Italia han bloqueado a The Pirate Bay y luego de que los tribunales se pronunciaron a favor de los litigios instaurados por la industria de la música y de la industria cinematográfica, una coalición de compañías de cine y disqueras ha amenazado con demandar a British Telecom si no hace lo mismo. Maria Pallante de la Oficina De Derechos de Copyright de Estados Unidos, dijo que el Congreso ya había actualizado la ley de propiedad intelectual (Copyright Act of 1976) antes, y que aún así «el sistema de derechos de autor de EE.UU. en última instancia fracasará». Al solicitarle una explicación sobre esta declaración aclaró que «actualmente los Estados Unidos carecen de jurisdicción sobre sitios web que se encuentran en otros países».

Debilitamiento de las protecciones de "puerto seguro" para sitios web

La Ley Digital Millennium Copyright Act (DMCA), aprobada en 1998, incluye una previsión, conocida como Online Copyright Infringement Liability Limitation Act (Ley de Limitación de la Responsabilidad por Infracción de Derechos de Autor Online), que prové un marco de "puerto seguro" para los sitios web que albergan contenido de usuario. Bajo esta disposición, los titulares de derechos que consideren que ese sitio web de alojamiento de contenidos se encuentra infringiendo sus derechos, se encuentran obligados a presentar una notificación ante el sitio web para solicitar que el material infractor sea retirado, y se le da al sitio web una cierta cantidad de tiempo para que pueda eliminar dicho material. SOPA anularía esta disposición de "puerto seguro", al permitir que los jueces puedan bloquear inmediatamente el acceso a cualquier sitio web encontrado culpable de albergar material protegido por copyright.

De acuerdo a algunos críticos del proyecto de ley tales como el Centro para la Democracia y la Tecnología y la EFF, la palabra redactada en el proyecto es lo suficientemente ambígua como para que una simple queja impuesta sobre un sitio web mayor, pudiera causar el bloqueo del mismo, dejando en manos del sitio la carga de demostrar su inocencia para poder ser desbloqueado Nota 2 El foco de gran parte de la crítica se centra en una de las declaraciones del proyecto de ley que indica que cualquier sitio web podría ser bloqueado si «se encuentra tomando, o ha tomado acciones deliberadas para evitar que se confirme que el sitio dirigido al público estadounidense lleva a cabo actos que constituyen una violación.» Según la lectura de los críticos del proyecto esto significa que un sitio web que no vigile activamente su contenido en busca de violaciones a los derechos de autor, sino que en cambio espera a que otros lo notifiquen de tales violaciones, puede ser encontrado culpable en virtud de la ley.

El profesor en leyes Jason Mazzone escribió: «El daño tampoco alcanzaría al propietario del sitio web, a menos que el demandante pueda probar que el sitio demandado malentiende la ley "a sabiendas", una prueba legal muy difícil de cumplir. El propietario del sitio puede emitir una contranotificación para restablecer el procesamiento de pagos y la publicidad, pero los servicios no están obligados a cumplir con la contranotificación».

Goodlatte dijo: «Estamos abiertos a trabajar en conjunto con ellos para acotar [las previsiones del proyecto], pero personalmente creo que es poco realista el pensar que vamos a seguir confiando en la DMCA y su artículo de notificacion y supresión. Se espera que cualquiera que se encuentra involucrado en la prestación de servicios de Internet haga algunas cosas. Pero estamos muy abiertos a ajustar el lenguaje para asegurar que no se impongan cargas extraordinarias a las empresas legítimas, siempre y cuando no sean estas las principales proveedoras [de contenidos pirateados].»

Michael O'Leary de la MPAA remitió un testimonio escrito en favor del proyecto de ley en el que expresa su apoyo a las actuales previsiones de la DMCA. «Cuando estos sitios son legítimos y hacen esfuerzos de buena fe para responder a nuestras peticiones, este modelo trabaja con distintos grados de eficacia» habría escrito O'Leary. «no siempre trabaja con rapidez, y no es perfecto, pero funciona.»

Amenazas generales para los negocios relacionados con la web

Un análisis aparecido en la revista tecnológica eWeek sentenció, «El lenguaje de SOPA es tan amplio, las reglas consignadas se encuentran tan desconectadas de la realidad de Internet, y las penalidades se encuentran tan desconectadas de los crímenes alegados, que este proyecto de ley podría efectivamente matar el comercio electrónico, y hasta la normal utilización de Internet. El proyecto de ley además posee graves implicaciones para las leyes existentes en Estados Unidos, para las leyes extranjeras y para las leyes internacionales, y es seguro que desperdiciará décadas en batallas legales en las cortes.»

Art Bordsky del grupo de defensa al consumidor Public Knowledge argumentó de manera similar diciendo que «Las definiciones escritas en el proyecto de ley son tan amplias que cualquier consumidor de Estados Unidos que utilice un sitio web localizado en el extranjero, de inmediato da a la jurisdicción de los Estados Unidos el poder de tomar posibles medidas para combatirlo. [Al sito web].»

En octubre del 2011 la EFF caratuló al proyecto como una «masiva máquina asesina destinada a matar la regulación de Internet,» y añadió «Esta ley no se puede arreglar, se debe exterminar.»

Gary Shapiro, Director Ejecutivo de la Consumer Electronics Association (Asociación de Consumidores Electrónicos) dijo que «El proyecto de ley intenta llevar a cabo una reestructuración radical de las leyes que gobiernan Internet,» y que «daría al traste con el "puerto seguro" legal que ha permitido que la industria de Internet, líder en el mundo, floreciera en la última década. Expondría a los legítimos hombres de negocios e innovadores de América a toda la responsabilidad legal, plena y abierta. El resultado sería mas demandas judiciales, disminución de inversiones de capital de riesgo, y menos empleos.»

Lukas Biewald, fundador de CrowdFlower, sentenció que «Tendrá un efecto asfixiante sobre el capital de riesgo... Nadie querrá invertir a causa de la responsabilidad legal.»

En un estudio de noviembre de 2011, llevado a cabo por empresa de consultoría Booz & Company y financiado por Google, se puede leer por ejemplo que la mayoría de los 200 capitalistas de riesgo e inversores providenciales entrevistados dejarían de financiar a las empresas intermediarias de medios digitales si el proyecto se convirtiera en ley. Mas del 80% dijo además que preferirían invertir en un país con una economía débil y riesgosa con las leyes actuales, antes que en una economía fuerte con la ley propuesta en vigencia. Pero si se suprimieran las ambigüedades legales y las previsiones de buena fe se colocaran en el lugar que corresponde, las inversiones podrían incrementarse aproximadamente en un 115%.

Amenaza para los usuarios que suben contenidos

Lateef Mtima, director del Institute for Intellectual Property and Social Justice (Instituto para la Propiedad Intelectual y la Justicia Social) de la Escuela de Leyes de la Universidad Howard, expresó su preocupación porque los usuarios que suben contenidos protegidos por derechos de autor a sitios como YouTube podrían ser hallados penalmente responsables. Dijo, «Tal vez, el mas peligroso ribete del proyecto sea la forma en que la conducta penalizada se encuentra tan pobremente definida. Aunque a primera vista parece que el proyecto de ley intenta distinguir entre la conducta que tiene una finalidad comercial y la que no la tiene, supuestamente para penalizar a la primera y permitir la segunda; en realidad no solo falla en cumplir con esto, sino que además, debido a su falta de definiciones concretas, potencialmente tipifica como delito a una conducta que actualmente se encuentra permitida por la ley.»

Un asesor del promotor de la ley Lamar Smith dijo: «Este proyecto de ley no convierte en un delincuente a aquella persona que postea un video en YouTube de sus hijos cantando una canción con copyright. Este proyecto de ley se encuentra específicamente dirigido a sitios web dedicados a actividades ilegales o infractores. Sitios con contenido de usuario tales como YouTube, Facebook y Twitter no tienen nada que temer con respecto a esta legislación.»

Amenaza para las redes internas

Según un documento por emitido por el Center for Democracy and Technology (Centro para la Democracia y la Tecnología), el proyecto «hace blanco en todo un sitio web, aunque sólo una pequeña parte de lo hospedado o enlazado sea contenido infractor.»

A.M. Reilly de la revista Industry Leaders Magazine dice que de acuerdo a la legislación de SOPA, «la culpabilidad por la distribución de material protegido se extiende a aquellos que facilitan la publicación inicial de dicho material. Algunas compañías hacen uso de redes privadas virtuales para crear una red que aparente ser interna pero que de hecho se extiende a lo largo de varias oficinas y domicilios de empleados; si cualquiera de esas localizaciones distribuidas comparte material con derecho de autor, puede provocar que toda la red virtual y la compañía que la soporta se encuentren en riesgo de violación.»

Respondiendo a una crítica similar en una editorial de la CNET, el directivo de la RIAA Cary Sherman escribió: «De hecho, es exactamente lo contrario. Haciendo foco exclusivamente en los sitios, en vez de en todo el dominio, la acción se puede dirigir únicamente al subdominio o a la dirección IP con actitud ilegal en lugar de tomar acciones contra el dominio en su totalidad.»

Amenaza para el software de código abierto

La EFF ha expresado su preocupación en lo concerniente a que los proyectos de software de código abierto que pudieran ser encontrados facilitando a la piratería online podrían ser cerrados bajo la legislación de SOPA. De especial consideración es lo que ocurre con Firefox, el navegador web creado por el grupo defensor del sofware de código abierto Mozilla,21Este navegador posee un plug-in llamado MAFIAAFire Redirector que redirige a los usuarios a la nueva ubicación de aquellos dominios que fueron incautados por el gobierno de Estados Unidos. En mayo del 2011, Mozilla rechazó un requerimiento del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en el cual se instaba al grupo a retirar MAFIAAFire de su sitio web. El grupo mozilla habría respondido con una pregunta: «¿Algún tribunal ha determinado que el plug-in MAFIAAFire es de alguna forma ilegal?»

Resulta ineficaz para combatir la piratería

Edward J. Black, presidente y Director Ejecutivo de la Computer & Communication Industry Association escribió en el Huffington Post que «Irónicamente, hay poco que podamos hacer para detener a los actuales sitios web dedicados a la piratería, los cuales simplemente reaparecen un par de horas después con un nombre diferente, y si se conoce públicamente su dirección numérica, incluso antes. Cualquiera que posea, o conozca esa dirección web numérica, es capaz de alcanzar el sitio web infractor, saltándose los controles.»

Una nota editorial en el periódico San Jose Mercury-News decía, «Imagínese los recursos necesarios para analizar cada una de las millones de ofertas de Google y Facebook cada día en busca de piratas que, si son encontrados, simplemente se mudan a otro sitio en prácticamente nada.»

Inspección profunda de paquetes e invasión de la privacidad

De acuerdo a Markham Erickson, director de NetCoalition, grupo opositor a SOPA; la sección del proyecto de ley que permite a los jueces ordenarle a los Proveedores de servicios de Internet que bloqueen el acceso para sus clientes localizados en Estados Unidos al sitio infractor, también permitiría la inspección de las direcciones IP de sus clientes, un método conocido como bloqueo por IP. Erickson ha expresado su preocupación con respecto a que tal orden podría exigir a los proveedores a participar en una "inspección profunda de paquetes",Nota 3 que consiste en analizar todo el contenido que se transmite desde y hacia el usuario, lo cual puede plantear nuevos problemas de seguridad.

Impacto negativo sobre los DNS, DNSSEC y sobre la seguridad de Internet

Toda máquina conectada a internet posee una dirección numérica, llamada dirección IP. Cuando se comunican entre si, dos o más máquinas conectadas a internet lo hacen enviándose paquetes de información con estas direcciones numéricas especificando el destino. Sin embargo, para los seres humanos resulta muy difícil memorizar y trabajar con estos números. Para solventar este problema existen los servidores DNS. Muchas veces comparados con una guía telefónica, los servidores DNS guardan tablas en las que se asocia un determinado nombre de dominio con un determinado número IP, cuando un usuario solicita una dirección de tipo wwww.dominio.ext detrás hay un servidor DNS trabajando que le informa de cuál es el número IP que corresponde a ese nombre. El proyecto de ley requiere que estos servidores dejen de remitir los números IP correspondientes al nombre de los sitios infractores. Nota 4

Andrew Lee, Director Ejecutivo de ESET Norteamérica, ha expresado sus preocupaciones en lo referente a que el proyecto de ley requiere que los proveedores de servicios de Internet filtren las solicitudes DNS para acceder a esos sitios, perjudicando de esa manera todo el sistema DNS.

Según David Ulevith, director de la organización OpenDNS con sede en San Francisco, la aprobación de la ley SOPA podría causar que los ciudadanos estadounidenses optaran por cambiar de servidores DNS, por otros localizados en otros países que ofrecieran enlaces encriptados, y podría causar que los proveedores estadounidenses tales como el propio OpenDNS, tuvieran que trasladarse a otras locaciones tales como las Islas Caimán. Nota 5

En noviembre de 2011 se lanzó un nuevo dominio de nivel superior anónimo con la extensión .bit por fuera del control de la ICANN, en respuesta a lo que se percibe como una amenaza en relación al proyecto SOPA. Sin embargo su efectividad (como la de todas las direcciones DNS alternativas) sigue siendo desconocida.

Seguridad en Internet

En un libro blanco escrito por varios expertos en seguridad de Internet, entre los que se incluyen Steve Crocker y Dan Kaminsky, puede leerse, «Desde un punto de vista operativo, una falla en la resolución de un nombre causada por un servidor de nombres sujeto a un interdicto judicial y una falla causada por un servidor de nombres hackeado; son indistinguibles. Los usuarios que ejecutan aplicaciones seguras tienen la necesidad de distinguir entre fallas causadas por la aplicación de determinadas políticas y los fracasos causados, por ejemplo, por la presencia de un ataque o una red hostil, además los ataques de downgrade probablemente serían mucho mas prolíficos.»

DNSSEC

Han aparecido muchas preocupaciones en relación a que la ley SOPA pudiera dañar la utilidad de las Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC), una serie de protocolos desarrollados por la Internet Engineering Task Force (IETF) para aumentar la seguridad de las comunicaciones por Internet. En un libro blanco emitido por laBrookings Institution (una organización no gubernamental sin fines de lucro centrada en las políticas públicas) puede leerse que: «El sistema DNS está basado en la confianza», añadiendo que «el sistema DNSSEC fue desarrollado para prevenir redireccionamientos maliciosos del tráfico DNS», y que «cualquier otra forma de redireccionamiento destruiría las garantías de esta herramienta de seguridad.»

El 14 de noviembre de 2011 los Laboratorios Sandia, una agencia de investigación del Departamento de Energía de los Estados Unidos, emitieron un documento de asesoría técnica en relación a las disposiciones discutidas en la Cámara de Representantes y en el Senado, como respuesta a una solicitud de la Representante Lofgren. El documento declara, en relación a ambos proyectos de ley (la ley SOPA y la ley PROTECT IP), que «el filtrado de DNS es poco probable que resulte eficaz, tendría un impacto negativo sobre la seguridad de Internet, y podría retrasar la plena aplicación del DNSSEC.»

El 18 de noviembre de 2011, Dan Lungren miembro del subcomité de cyberseguridad de la Cámara de Representantes, dijo que tenía «graves preocupaciones» con respecto al impacto que tendría la ley SOPA sobre el protocolo DNSSEC, añadiendo que, «no tenemos suficiente información, y si realmente presenta serios problemas, como ha sido sugerido por algunos de los expertos que han estado en contacto conmigo, tendremos que abordarlos.»

Falta de transparencia en la aplicación

El profesor Jason Mazzone de la Brooklyn Law School advirtió que «lo que sucederá bajo SOPA ocurrirá fuera de la vista del público y sin posibilidad de que la responsabilidad recaiga sobre alguien. Porque cuando la ley de derechos de autor es ejecutada por privados, es muy difícil que el público sepa cómo se ha aplicado la ley y aun más difícil discutir su aplicación.»